Por: Víctor Ortega Lossada
El término e-commerce, o comercio electrónico, se refiere a cualquier forma de transacción por medio de la cual un suministrador provee bienes y servicios a un cliente a cambio de un pago, esto con la intermediación de un espacio virtual brindado por una plataforma electrónica, en lugar de hacerlo a través del contacto directo. En dicho caso, la operación de compra-venta de bienes y servicios solo puede ser realizada por medio de tecnologías de información y comunicación, con el soporte de plataformas y protocolos estandarizados para ese tipo de negocio entre proveedores, consumidores, administraciones y otras organizaciones, que sistematizan la complejidad mercantil para facilitar la ejecución de cantidad infinita de transacciones comerciales, administrativas y de consumo en todo el mundo (según Borrego, 2008).
Aplicaciones novedosas y plataformas tecnológicas son utilizadas para realizar las transacciones y concretar los pagos, todo un comercio globalizado que hace suponer que prácticamente no existen fronteras. Ante esta realidad sobrevenida para los negocios, muchas de las instituciones y principios tradicionales del derecho tributario podrían no ser aplicables, al no estar claras las regulaciones y los alcances de las mismas.
En Venezuela al igual que en otros países, las declaraciones de los impuestos de mayor importancia como el IVA y el ISLR no son realizadas de la manera más fiel y exacta, debido al acelerado auge de operaciones nacionales e internacionales que se realizan a través de la virtualidad comercial con una insuficiente regulación legal. Esta condición posibilita que los operadores del comercio electrónico directo adopten conductas que tienden a evitar la declaración y el pago de impuesto al valor agregado, o en otras palabras, que tomen como opción a la elusión tributaria en las transacciones de comercio electrónico.
El mayor problema que supone este fenómeno para la fiscalidad son los vacíos normativos, que permiten interpretaciones alejadas del propósito de la Ley para reducir las obligaciones tributarias, aparte de la variedad de competencias territoriales de tributación que caracterizan a las compra-ventas internacionales. Esta situación ocasiona un decrecimiento significativo en la recaudación, y puede englobarse en el término “evasión”. Los hechos imponibles sí se materializan, aunque el control y la posibilidad de verificación de la administración tributaria se ve dificultada por la existencia de lagunas en la legislación, y por la coincidencia de las competencias tributarias entre un país y otro, cuando se trata de compras internacionales, posibilitando con ello las declaraciones incorrectas y/o fraudulentas de los contribuyentes o responsables. Incluso es posible encontrar personas y entidades que se dedican a prestar servicios de diferente naturaleza on line sin poder ser detectados y sin emitir los correspondientes comprobantes.
Con la incorporación de la factura electrónica en el sistema tributario venezolano, la modernización de la administración tributaria pretende capturar las transacciones comerciales como hecho imponible, generando en forma simultánea una declaración on-line (Guerrero, 2006). Pero vale decir que este objetivo aún no se ha materializado por completo.
De continuar la falta de regulación legal en la determinación de las operaciones de comercio electrónico nacional e internacional sometidas al gravamen del impuesto al valor agregado venezolano, la administración tributaria no podrá cargar los impuestos que corresponden, y en consecuencia, esto conlleva a efectos de nula tributación, afectando esto a la recaudación.
Este contexto genera condiciones para que la población comprometida en el pago de impuestos incumpla las obligaciones tributarias, amparándose en los vacíos legales y asumiendo el bajo riesgo de ser detectados. Además, no todos los contribuyentes cumplen con sus deberes formales, aun y cuando las sanciones por incumplimiento y las fiscalizaciones realizadas por el SENIAT son catalogadas como extremas y hasta desproporcionadas.
En conclusión, la globalización y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han eliminado las barreras geográficas y comerciales, generando vacíos legales que favorecen a la evasión fiscal. Una propuesta para empezar a dar pasos en contra de este problema es fomentar la cultura tributaria y no el “terrorismo fiscal”, porque la evasión es más que todo un problema de cultura, y esta tiene que ser fomentada y creada donde no la hay. No solo frente a los ciudadanos, sino también frente a los funcionarios públicos.
El autor, Víctor Ortega Lossada, es profesional y experto en el área Jurídico-Fiscal, con estudios de postgrado en Gestión Tributaria. Desde hace unos 15 años se desempeña como CEO y Chairman de la Firma SIGMA CONSULTORES
El Sumario
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