El Sumario – Este jueves 05 de noviembre se acordó en la cuarta y última propuesta de la Ley Celaá celebrada en el Congreso, que el castellano dejará de ser la lengua inicial de la enseñanza y habla oficial del Estado español tras una votación que salió victoriosa con 26 votos en contra de 16.
La encomienda transaccional pactada entre los partidos PSOE, Unidas Podemos y ERC fueron las ganadoras de esta propuesta, mientras que el PP, Ciudadanos, UPN y Vox estuvieron en contra. Por otra parte hubo abstención del partido PNV.
La misma tuvo el respaldo de Bildu y Más País. Los mencionados partidos solicitarán la ley ante el Tribunal Constitucional, debido a que piensan que es un atropello a los derechos primordiales de los alumnos y atenta contra la libertad educativa.
El documento acordado deja en manos de las comunidades independientes la capacidad de poder controlar a su conveniencia el enseñar en castellano en las escuelas con la lengua cooficial, y no autoriza ningún método para que, desde el Estado, el idioma español se utilice como lengua corriente de la educación, así establecieron los tribunales.
Por su parte, el vocero del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, expresó que «el gobierno está entregando la educación a cambio de votos para afianzar sus presupuestos». Añadió que los españoles no merecían pagar un alto precio para que el presidente continúe en la Moncloa.
«La enmienda me parece gravísima y lo pararemos desde otras instituciones. Con los derechos fundamentales, señores del Gobierno, no se mercadea. Y menos si afectan a menores», señaló Marta Martín, representante de Ciudadanos en el Congreso.
En la misma línea, Joaquín Robles, emisario de Educación de Vox en la Cámara Baja, completó diciendo que esta ley presume la culminación de un proyecto de inmersión lingüística y tiene como finalidad la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos.
Otra enmienda aprobada
Por otro lado, aprobaron también otra transaccional que impide que los centros que separan por sexos puedan recibir ayuda pública, a pesar que es un modelo que acredita el Tribunal Constitucional.
Joan Mena, quien es delegada de Educación de Unidas Podemos en el Congreso, manifestó que «no se destinará ni un solo euro a la escuela elitista que segrega por sexos. Quien quiera llevar a sus hijos, en un delirio fundamentalista y sexista, a estos centros lo tendrá que pagar de su dinero».
En el tiempo que se realizaron estas cuatro sesiones, fueron disminuyendo progresivamente los derechos de la escuela tratada, en donde existe una población de alumnos de al menos un 25%.
En las afueras del Congreso manifestaron grupos de personas, dirigidos por la plataforma de Más Plurales, los cuales defienden el derecho a elegir libremente los proyectos educativos más favorables para los menores de edad.
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María Gabriela Moncada
Con información de medios internacionales y agencias de noticias
