El Sumario – Tanto la Fiscalía (Ministerio Público) como la ONG Foro Penal Venezolano han coincidido que los efectivos policiales que participan en el control de las recientes manifestaciones suscitadas en todo el territorio han incurrido en irregularidades a la hora de realizar las aprehensiones.

Recientemente la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, repudió este martes 25 de abril los hechos de violencia que han causado la muerte de al menos una veintena de personas y remarcó que el debido proceso «es uno de los pocos derechos que no se puede suspender» y por el contrario «se debe garantizar» «incluso en los estados de excepción».

Hasta el 27 de abril de 2017 la Fiscalía maneja al menos 28 muertes, 437 lesionados y 1289 detenidos. Mientras el Foro Penal en su última actualización reveló que el número de arrestos en manifestaciones es de 1584, de las cuales 234 personas se les establecieron condiciones para liberarlos.

Aseguró que el Ministerio Público ha solicitado la libertad plena y medidas cautelares a favor de varios detenidos «por no formar parte de acciones delictivas de algunos hechos, al menos así lo refleja las actas policiales».

La fiscal reconoció como una situación “anómala» cuando las actas de los implicados no reflejan las razones por las que fueron detenidos.

Remarcó que el organismo ha velado por la integridad de las personas que han sido aprehendidas «y en aquellos casos que se ha requerido la intervención de un médico, nuestros propios forenses han estado presentes realizando las experticias».

Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, dijo que pese a ello y según la información que ellos manejan, se están desconociendo las solicitudes del titular directo de la acción penal, el cual le corresponde a la Fiscalía. “Personas innecesariamente privadas de manera preventiva de su libertad solo por seguir línea de tribunales que imponen condiciones que ni siquiera el Ministerio Público ha dado”.

Por su parte Alfredo Romero, sostuvo que se han cometido crímenes de lesa humanidad y que tarde o temprano quienes lo cometieron deberán responder por ello.

No descarta acudir a instancias internacionales para introducir las denuncias por “tratos crueles y torturas” contra quienes manifiestan.

Por su parte, el abogado Gonzalo Himiob dijo que en las actas de detenciones están registrados los nombres de los funcionarios que han violado los derechos humanos de los ciudadanos y que la justicia les llegará por ir en contra de la Constitución.

Rafael Arias / @Rafarias86

Fotografía: Reuters/Christian Veron