Cuando dos partes riñen llegar a un acuerdo es una tarea compleja. Bien lo sabemos desde pequeños cuando discutíamos con nuestros hermanos, primos o compañeros de salón. En esos casos los mayores o maestras servían de mediadores. En la mayoría de los casos nadie resultaba satisfecho.
Ahora imaginen estas desavenencias entre adultos: ya no se trata de una muñeca, un carrito o el turno para jugar un video juego; sino de problemas de vivienda, acoso, maltrato físico o verbal. En estos casos los mediadores necesitan conocer procedimientos y leyes que permitan alcanzar acuerdos justos y se llaman abogados.
Esta es la labor que llevan a cabo los abogados comunitarios de ProBono Venezuela: “hacemos una mediación en la que llamamos a las dos partes, nos dicen su versión de la historia e intentamos que lleguen a un acuerdo. Intervenimos lo menos posible, lo necesario para que lleguen a un acuerdo justo a lo que dice la ley”, explica Cristina Carbonell, la directora ejecutiva de la fundación.
Junto a ella se encuentran Milusca Malvo, la gerente de proyectos de la fundación, y José Luis Bruno, abogado comunitario de la iniciativa. Los tres dedican cuatro días de la semana para dar atención a todos los casos que lleguen a sus jornadas de asesoría jurídica gratuita.
“Llega la persona, nos cuenta su caso y tratamos de darle una solución inmediata. Si no puede ser inmediata, pues nos lo llevamos y se lo volvemos a traer”, agrega Carbonell. En ocasiones deben hacer seguimientos hasta que todos los procedimientos queden resueltos en tribunales.
A la dificultad de atender a 30 personas diarias, se suma el obstáculo de la falta de recursos. No tienen suficientes equipos, ni material; tampoco cuentan con una impresora que funcione correctamente. No obstante, aunque esto sea lo que más molestias les causa, no dejan su buen humor de lado, porque pareciera que para no dejarse amargar por los inconvenientes aplican la misma técnica que todos los venezolanos: la broma.
Sin embargo, entre las risas se asoman visos de realidad, nadie escapa de la crudeza de los casos más complicados o de las faltas del sistema. “La impotencia que por más ayuda que uno dé el mismo sistema hace que los procedimientos y ayudas no sean efectivas ni gratuitas, por más que la justicia sea gratuita no lo es y por más trabajo voluntario que se haga hay personas que no tienen los recursos para acceder a los tribunales y las autoridades no se lo ponen fácil”, lamenta Bruno.
Así fue el caso de una mujer que sufría de cáncer y que casi queda en la calle. Ella debió acudir a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, organismo que no se da abasto para mediar los casos de arrendamiento. Por eso se acercó a ellos y les contó que su esposo arrendó su casa luego de que se mudaran a Margarita. Un tiempo después ella enfermó y tuvo que volver a Caracas para recibir tratamiento; al llegar ya no tenía dónde vivir. Entonces le ocurrió otra desgracia: su esposo murió. Con un pie en la calle y quimioterapia en las venas, no sabía qué hacer.
Como siempre, resolvieron el caso con una mediación entre ambas partes y, afortunadamente, lo lograron. La señora obtuvo una habitación en su casa y el hombre que la alquilaba tendría que mudarse en un tiempo determinado.
Esa es la mejor parte. Resolver un caso y sentir la satisfacción de las personas. “A veces vienen más de una vez por el seguimiento de los casos y cuando se dan cuenta que todo está saliendo bien vienen con más confianza de que todo se va a solucionar”, cuenta Bruno. En ocasiones, incluso, aunque la asistencia sea gratuita, reciben presentes que les alegran y ayudan a continuar con su labor: un café que les devuelve el ánimo la cuerpo, hojas de papel para imprimir o bolígrafos para firmar.
Carbonell añade que a veces quienes deberían ser los más agradecidos no lo son, pero está consciente de que a lo mejor las personas no dan muestras efusivas de felicidad y eso no significa que no la sienten, después de todo no tienen a dónde ir y necesitan una salida.
“Hoy tuvimos a una señora a la que le finalizamos un procedimiento de divorcio. Tenía 30 años separada y nunca se había divorciado. A ella eso le cambia la vida, ya no tiene cédula de casada y puede comprar carro y sale solo su nombre”, relata con una sonrisa.
No todos los casos tienen soluciones satisfactorias. En una oportunidad trataron con una mujer joven contra quien su esposo cometía violencia doméstica. Ella lo denunció y recibió una orden de alejamiento. Un simple papel que le indica al otro que no puede acercarse y que no impide el acto en sí. Nadie se siente protegido si carga solo una hoja llena de letras.
“Vino con un ataque de nervios terrible diciendo que ella fue a la policía a decirles que él estaba allá (en la casa) y que la policía le dijo que no la podían ayudar hasta que ella no usara la orden. Eso realmente es así. Para usarla tienes que tener a la persona al frente y decirle que no se puede acercar y si se acerca llamar a las autoridades”, aclara.
Tenía miedo de ser golpeada y de quedar fuera de casa si no regresaba esa noche. Al final llamaron a unos policías para decirles que estuvieran pendientes de ella y que les dieran su teléfono para que pudiera llamarlos si era necesario.
Es así como entre risas y llantos cumplen con su misión de brindar apoyo a la comunidad sin perder los ánimos. Esto los convierte en verdaderos héroes de todos los días.
Jornadas de asistencia legal gratuita
Martes de 9:00 am a 12:00 m en el Barrio Unión de Petare, edificio Irene.
Miércoles de 9:00 am a 12:00 m en el Barrio 24 de Marzo de Petare, U.E. Jenaro Aguirre.
Jueves de 2:00 pm a 4:30 pm en la Casa del Pueblo de El Cafetal.
Viernes de 2:00 pm a 5:00 pm en la Casa del Pueblo de Las Minas de Baruta.
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Amanda Gómez
